Aprendices de periodismo

Reportajes elaborados por estudiantes de Periodismo III de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela

Retardo procesal: un túnel sin salida


La justicia llega tarde para algunos reclusos en las cárceles venezolanas, víctimas del retardo procesal penal. Expertos en el área penitenciaria coinciden en que el problema radica en la falta de organización de los entes gubernamentales encargados dar cumplimiento al debido proceso 

Armando Altuve

La mayoría de la población reclusa existente en el país continua cargando encima la condición de procesados como una cruz debido al retardo procesal penal, un fenómeno que ha contaminado el sistema penitenciario venezolano que atenta contra el derecho al debido proceso y, a su vez, viola los derechos humanos de las personas privadas de libertad, según reza el artículo 7, numeral 5, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que establece que toda personas tiene derecho a ser juzgada en un “tiempo razonable”.

Parte de las protestas que se producen en los centros carcelarios de país tienen su causa en la falta de celeridad en los procesos judiciales. La poca preocupación de las autoridades por acelerar los procesos de juicios ha intensificado no sólo la indignación de los reclusos, sino también ha colaborado para que la taza de hacinamiento dentro de las celdas aumente.

El Estado impulsó la aprobación del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en 1999, debido a las innumerables fallas del sistema penitenciario bajo la legislación del Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual se regía por un paradigma inquisitivo que no garantizaba un proceso penal efectivo. Desde la aprobación del COPP, no sólo se deja atrás el sistema inquisitivo, sino que se le da apertura a un sistema acusatorio que sostiene principios en los que se garantiza el respeto a los derechos fundamentales de la población reclusa y considera a cada imputado inocente con la oportunidad de ser juzgado en libertad.

A pesar de la aprobación del COPP, aún el panorama en materia de retardo procesal es crítico. Marienella Sánchez, coordinadora del área jurídica del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) comenta que el Código Orgánico Penal Procesal establece un lapso de dos años para determinar si una persona debe ser procesada. Cuando este periodo de tiempo pasa, se puede hablar de retardo procesal.

El proceso penal, bajo el sistema acusatorio, está comprendido por las siguientes fases: preparatoria, intermedia, juicio y ejecución. Sánchez apunta que cuando el caso de cualquier acusado no pasa a la fase de ejecución se interrumpe la celeridad del proceso judicial.

Por su parte, María Josefina Ferrer, abogado del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explica que toda persona debe cumplir las fases del proceso hasta que se dicte una sentencia definitiva.

El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala que “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses [y] obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”

Además, el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en su artículo 1, expresa que ninguna persona será juzgada sin que le sea realizado un juicio “sin dilaciones indebidas”

Sin embargo, las cifras de personas en espera de un juicio hablan por sí solas. Según Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), para 2008 la población reclusa en el país era de 23.457 internos, los cuales estaban distribuidos entre 14.461 (60%) en condición de procesado (en espera de sentencia), y 7.495 (34%) en condición de penados (con sentencia impuesta).

En 2010, la OVP también señaló en su informe sobre derechos humanos y debido proceso que la población reclusa alcanzó 34.270, en la que 22.838 estaba en espera de juicio y 9.971 reclusos ya contaba con una sentencia

Otras cifras obtenidas de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios (DNSP) citadas en un informe del Programa Venezolano de Educación–Acción en Derechos Humanos (Provea), en 2010 la situación jurídica de la población reclusa registró un porcentaje de distribución en 34% población penada (14.721 reclusos) y 66% procesada (28.546 recluso), con relación al año 2009 en el que la población de procesados alcanzó un 66, 2% (20.153 reclusos) y la población de penados un 33,8% (10.330 reclusos).

Estas alarmantes estimaciones de personas procesadas evidencian el porcentaje de retardo procesal penal existente en el país y reflejan la magnitud de problema, el cual los expertos en materia carcelaria han atribuido a la falta de planificación y organización de los organismos gubernamentales encargados de velar por la celeridad del debido proceso, en este caso el Ministerio Publico, el Tribunal Supremo de Justica y el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios.

¿Por qué los juicios se paralizan?

En un artículo de opinión escrito por la actual fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y publicado en 2008 en el diario Últimas Noticias, sostiene que “en Venezuela, la celeridad de la decisión jurisdiccional tiene rango constitucional. El incumplimiento de este mandato produce la conocida `justicia tardía`, la cual –lejos de dar la respuesta esperada– genera nuevos conflictos humanos, siendo el más grave de ellos `el preso sin condena´”.

Además, en este artículo, la fiscal general invitó a los entes públicos que conforman el sistema penal nacional a que unan esfuerzos con “el propósito de vencer definitivamente el retado procesal penal y, de esta manera, procurar una mayor legitimidad”.

El retardo procesal no es un fenómeno nuevo. Durante la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal, antes de la creación del Código Orgánico Procesal Penal en 1999, y así lo señala el trabajo realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones titulado Situación Procesal de las Personas Privadas de Libertad en Venezuela 2008, la duración de los procesos penales era criticada por la opinión pública porque el número de procesados fue mayor al número de penados. El trabajo del Observatorio Venezolano de Prisiones, reseña que con la entrada en vigencia del COPP se redujo el tiempo de duración de los procesos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la realidad volvió a ser la misma, intensificándose aún más el problema. El número de personas procesadas aumentó.

En el trabajo presentado por la OVP señala que las causas que originan el retardo procesal son diversas, entre ellas, las carencias del Ministerio Publico, encargado de investigar y acusar; falta de recursos; ineficiencia e inacción de los demás entes encargados de garantizar el acceso a la justicia, como el Poder Judicial y los defensores tanto públicos como privados; problemas en el traslado de reclusos a los tribunales y los diversos diferimientos de audiencia de los jueces debido a la ausencia de algún fiscal o funcionario público.

Con respecto a estos factores mencionados, Marienella Sánchez, coordinadora del OVP, expresó que estas son las causas principales. Sin embargo, comentó que existen otras vinculadas con los reclusos. Sánchez afirmó que las cárceles están en manos de los reos y cuando éstos realizan huelgas y manifestaciones de protestas en pro de sus derechos, también limitan que un privado de libertad tenga la posibilidad de ir a su audiencia correspondiente.

Por otro lado, Sánchez critica la poca disposición de personal fiscal para atender los casos. “Si la capacidad humana es mínima para que se convocan en un solo día audiencias con el mismo fiscal, si es sabido que en un día solo se pueden atender dos”.

La coordinadora del área jurídica de OVP resaltó otro caso relacionado con la realización de las audiencias. “El acusado asiste pero no va el fiscal porque tiene muchas causas y el defensor público debe atender otro caso; o sino porque el tribunal están todos los miembros para el juicio y el interno no es trasladado”.

Jackelin Sandoval, directora de la Fundación para el Debido Proceso (FUNDEPRO) refuerza la aseveración de Sánchez, sosteniendo que los factores que influyen en la práctica del debido proceso es la falta de defensores y fiscales y, por otro lado, la ausencia de una infraestructura para llevar a cabo las audiencias. “Es imposible si no cuentas con los funcionarios necesarios ni con la infraestructura necesaria para llevar los juicios” resaltó, Sandoval.

Además, la jurista de FUNDEPRO explicó que parte del problema se acentúa por la desorganización existente entre los entes gubernamentales con responsabilidad de garantizar un juicio sin dilaciones a la población procesada. Resalta que los jueces cuando, una vez pasado el lapso de dos años para darle respuesta al recluso sobre su pena, piden prorrogas que pueden durar hasta más de dos años, lo cual afecta al preso que debe pagar una condena sin ser impuesta en un juicio.

“Volvemos a estar en un sistema inquisitivo porque las personas caen presas, pasan dos años y cuando se les hace un juicio oral y público ya ha cumplido la mitad de la condena que acaba con su vida”, señala Marienella Sánchez del OVP.

Para efectos de este reportaje, se intentó establecer comunicación con el Departamento de Derechos Fundamentales del Departamento de Actuación Procesal para conocer una versión oficial sobre el problema del retardo procesal. Sin embargo, no fue efectiva.

El deber ser

Para el abogado María Josefina Ferrer el acceso a la justicia debe estar acompañado de una respuesta pronta que garantice los derechos de las personas. Sin embargo, debido a los problemas existentes con relación al retardo procesal ha sido difícil garantizarle el derecho al debido proceso.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado por medio de la cartera ministerial para Asuntos Penitenciarios y el Ministerio Público, como el Plan de Celeridad Procesal propuesto en 2010, el plan cayapa abanderado por la ministra de la cartera ministerial para Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, y la sexta reforma de COPP, aprobada recientemente, aún el retardo procesal continua y se agrava, así lo asegura Carlos Nieto Palma, coordinador de la Organización No Gubernamental Una Ventana a La Libertad.

Nieto afirma que la solución al problema del retardo procesal penal parte de una organización previa de los jueces. “Debe existir coordinación de los casos que presentan retardo y darle celeridad con sus respectivos jueces. Buscar los jueces itinerantes que conjuntamente con el tribunal de la causa ayuden a los jueces haciendo las audiencias”

Asimismo, Marienella Sánchez del Observatorio Venezolano de Prisiones sostiene que una de las soluciones para enfrentar realmente el retardo procesal es que las autoridades asuman la responsabilidad con respecto al problema. Además, recomienda “la implementación de más fiscales auxiliares que tengan la capacidad de ir a las audiencias; que se cumpla el Código Orgánico Procesal Penal”. De igual manera, exhorta a que exista transparencia de parte de los jueces.

Sánchez advierte que debe eliminarse la disposición que permite a los jueces pedir una prórroga después de pasado los dos años, lapso establecido en la COPP para completar las fases de proceso penal.  “Si un juez no determinó la culpabilidad de una persona en dos años, mucho menos lo va hacer en más tiempo. Lo que hace es que la persona pague una pena anticipada”, reforzó, Sánchez.

PROVEA en su informe “Derechos de las personas privadas de libertad”, señala que al cierre del mes de julio de 2011 en el país se registró, aproximadamente, un total de 50 mil personas privadas de libertad. Según cifras citadas por organización no gubernamental, obtenidas del informe técnico Diagnostico Sociodemogarfico de la Población Penitenciaria 2010 – 2011, registró que las personas privadas de libertad en condición de procesada se encontraba distribuida de la siguiente forma: 58,75% de los reclusos estaban en espera audiencia preliminar; 28,89% se les realizó audiencia preliminar pero aún estaban en espera de juicio y 8,68% se encontraban en proceso de juicio y, al mismo tiempo,  en espera de una sentencia definitiva.

Estas cifras evidencian la poca celeridad de los procesos judiciales que contribuye a la obstrucción del debido proceso y la imposibilidad de que los privados de libertad conozcan una sentencia definitiva de sus causas. Además, este aumento de población en las cárceles colabora al problema de hacinamiento existente en las celdas de los principales recintos penitenciarios del país.

María Josefina Ferrer, abogado de Instituto de Ciencias Penales de la UCV, sostiene que el sistema penitenciario es una responsabilidad que debe ser asumida por el Estado, el cual tiene el compromiso y la responsabilidad para contrarrestar la justicia tardía y garantizar a los privados de libertad se les realice sus respectivas audiencias en los lapsos establecidos y se respeten sus derechos, los cuales están consagrados en las diversas legislaciones, tanto nacionales como internacionales; de esta forma, buscar abrir un boquete al túnel sin salida en el que se ha convertido el sistema penal venezolano.

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Esta entrada fue publicada en 22 de julio de 2012 por .
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